Hoy la opinión pública argentina está dividida entre quienes celebraban la aprobación de la ley de ficha limpia y quienes la rechazaban por considerarla una amenaza al Estado de derecho. Sin embargo, esta polarización no es nueva ni sorprendente: forma parte del ya habitual circo político, donde el simbolismo suele pesar más que el contenido real de las leyes.
Es importante recordar que el Código Electoral argentino ya establecía que una persona con condena firme no podía ser candidata. Lo que introducía esta nueva normativa —y lo que genera tanta controversia— es la inhabilitación a partir de una condena en segunda instancia, aún sin sentencia firme. Esto tensiona directamente el principio constitucional de presunción de inocencia.
Más allá de la batalla discursiva, lo verdaderamente relevante es que, en este caso, primó el respeto por el Estado de derecho. El rechazo en el Senado a la ficha limpia en su forma actual no implica una defensa de la corrupción, como algunos sostienen, sino una defensa de las garantías procesales que protegen a todos los ciudadanos por igual. La transparencia y la ética pública son esenciales, pero deben construirse sin debilitar los pilares fundamentales de la democracia. Ernesto Gómez, Salta, 08.05.2025.
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